Caos, falta de insumos, iniciativas de ley sin consultas a comunidades afectadas, información y derechos humanos forman parte del contraste entre el pasado y la “nueva normalidad”.
Varios epicentros en relación al tema de salud mental siempre la hacen vigente y, en coyuntura con la abolición de la ley Bañuelos y de la pandemia de coronavirus, queda un tema pendiente a pesar de que en el Senado se haya parado el avance de una iniciativa de ley que no consideraba la dignidad ni los derechos humanos de las personas con discapacidad y problemas psicosociales.
Dicho problema “mixto” lo encontramos en psiquiátricos la semana pasada cuando en el hospital psiquiátrico “Rafael Serrano” de Puebla, en el que se encontraron 18 casos de personas contagiadas de COVID-19, de los cuales 15 eran asintomáticos y tres se encontraban con ventilación mecánica “evolucionando satisfactoriamente”, ello conforme a reportes del gobierno local. Sin embargo, la falta de protocolos en la atención a pacientes que se encuentran en hospitales psiquiátricos durante la pandemia ha desvelado más casos como el que reportó la periodista Kathya D´Artigues a finales de mayo de 2020.
Se trataba de nada más y nada menos que de uno de los tres psiquiátricos más grandes de México, el hospital “Samuel Ramírez Moreno”, en el que para mayo se habían registrado 19 contagios y cuatro muertes ante la falta de pruebas, insumos e información: 16 eran pacientes, dos enfermeras y uno de los médicos del psiquiátrico. En contraste el director de dicho centro, Javier Bañuelos Arzac lo único que hizo durante ese momento fue ponerse un equipo de protección completo para después tomarse una foto en la sala de espera y compartirla en un chat, incluso cuando se reportó que nunca visita a los pacientes.
Tras los contagios, tanto internos como personal del hospital comenzaron a solicitar equipo de protección, que no recibieron mas que algunos médicos y enfermeras quienes recibieron sólo goggles y días después, material de mala calidad, entre los que destacaban batas desechables que al contacto con el agua se rompían, al grado en que parte del personal tuvo que comprar con su propio dinero el material necesario para poder atender a los pacientes. Lo preocupante para ellos, además de la falta de insumos, era que no contaban con las medidas necesarias para atender y prevenir casos originados por SARS-CoV-2, es decir, capacitación, problema para el que el director del psiquiátrico sólo se les recomendó que vieran la conferencia del subsecretario de Protección y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell para “informarse” y saber qué se debía hacer.
El caos que sufrió el hospital “Samuel Ramírez Moreno” básicamente fue documentado en un chat iniciado por su sindicato, cuyo personal ha lidiado con el coronavirus sin manuales, especialmente al tomar en cuenta que gran parte de ellos trabaja en diferentes hospitales y que, por ende, quienes se encuentran más expuestos a posibles contagios son los pacientes. Carlos Ríos, investigador de Human Rights Watch ya lo mencionaba la semana pasada, el atender 24/7 a familiares con discapacidad psicosocial puede resultar totalmente imposible en miles de hogares mexicanos, motivo por el que el Estado mexicano está obligado a generar condiciones para que las personas puedan vivir en pleno respeto a sus derechos humanos y con un trato digno.
En relación a la falta de insumos, el director de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, Juan Manuel Quijada, aseguró que los centros contaron con ellos, pues un reporte lo avalaba, además de argumentar que desde febrero se había reunido con los directores de los hospitales a su cargo.
La adopción por parte del Estado mexicano en relación a la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidades en 2006 hace presente que las discapacidades mentales son omnipresentes, comunes y responsables de una proporción significativa de la discapacidad, sufrimiento, mortalidad y pérdida de productividad en la sociedad, hecho que comprueba que la carga para personas con discapacidades psicosociales y para sus familias es inmensa tanto en lo económico como en lo social.
Respecto de la industria de los psiquiátricos en México, la infiltración de la COVID-19 en sus espacios, pacientes, personal médico y personal sanitario ha venido a marcar aún más las desigualdades que se viven entre las comunidades con discapacidad psicosocial que, por si fuera poco, se enfrentan al recorte de recursos al sector salud por parte del gobierno en turno, así como a la ausencia de una política pública sobre licitaciones de medicamentos y contratos de distribución que en pacientes con cáncer, VIH y epilepsia han representado la falta de tratamiento o el cambio continuo de éste.
En contraste, Elsevier, servicio de información en el área de Ciencias de la Salud, señala que los presupuestos para congresos de la industria de los psiquiátricos disminuirán debido a la participación cada vez menor de las farmacéuticas, ello como resultado de la economía global y de las regulaciones para combatir conflictos de intereses. Igualmente apunta que los journals o publicaciones científicas comienzan a sufrir los recortes, como el de publicaciones de la APA, tales como el American Journal of Psychiatry y el Psychiatry Services, afectados en mayoría por la disminución de propaganda médica. Sin duda la pandemia vino a enfatizar aún más las desigualdades que existen en diferentes sectores de la vida pública mundial y, en los mejores casos, a empoderar a la sociedad civil a estar al tanto de los cambios a favor y en contra de sus intereses para incidir sobre éstos.
Gabriela Estrada Espínola es licenciada en Comunicación por la Universidad Simón Bolívar y Maestra en Periodismo sobre Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha colaborado en diversos medios y agencias de publicidad. Twitter: @GabaMaiden
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