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Razones por las que tu salud mental y derechos humanos van de la mano

Debe existir una consulta y acercamiento a la gente para saber sus problemáticas, tarea de la que ya existen talleres con dispositivos de información que intervienen, forman e integran a las personas en respeto a sus garantías individuales

Atender 24/7 a familiares con discapacidad psicosocial puede resultar totalmente imposible en miles de hogares mexicanos, por lo que el Estado mexicano está obligado a generar condiciones para que las personas puedan decidir cómo, con quién y de qué manera tomar las riendas de su vida, para los que debe existir una política de estado y no dejar toda la responsabilidad en las familias, comentó Carlos Ríos Espinosa, investigador de Human Rights Watch para W Radio el pasado 27 de julio.

Finalmente la iniciativa de Ley de Salud Mental promovida por la bancada del Partido del Trabajo no logró colarse en sesión extraordinaria al Pleno del Senado el pasado 28 de julio en gran parte gracias a personas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que luchan y están al día sobre el tema como lo son Documenta, Cencos, Yo También, Clínica Condesa, Disability Rights International (DRI México), entre otras.

Foto: Pixabay

Sin embargo, el hablar sobre salud mental a través de leyes y de políticas públicas más claras a penas comienza a esbozarse en el panorama mexicano cuando el regularla se convierte en un diálogo previo que ayude a conocer  a fondo el entorno que rodea al tema, sus implicaciones e impactos y dónde se ponen los dineros, pues en salud mental se gasta poco y se gasta mal. Al respecto, Ángel Salvador, coordinador de Prevención de la Tortura en la organización civil Documenta expuso que:  «Hay que dar importancia al primer nivel de atención y tomar en cuenta que se necesitan ley y buenas políticas públicas, así como inversión en salud mental, especialmente cuando sólo el 2% del presupuesto de salud se destina a salud mental».

Conforme a Carlos Ríos, gran parte de ese 2% se invierte en psiquiátricos, como si todo el problema residiera en la institucionalización de las personas, cuando existen otras aristas como el que una persona pueda tener una dificultad psicosocial y requiera ese tipo de apoyo, mas no de internamiento y para ello se requiere que el presupuesto agendado se distribuya en los lugares necesarios.

Por su parte, el especialista en justicia para personas con discapacidad, Víctor Lizama enfatiza que el proceso de iniciativa de Ley de Salud Mental puede comenzar en el Senado, pero debe existir una consulta y acercamiento a la gente para saber sus problemáticas, tarea de la que ya existen herramientas que fortalecen esos vínculos de comunicación como lo son los talleres con dispositivos de información que intervienen, forman e integran a las personas en respeto a sus garantías individuales, de otra forma sólo sería simulación.

Políticas Públicas en Salud Mental

La lección que dejó la batalla a favor de una salud mental con derechos es que se requiere de una política integral de respeto a éstos, para lo que se requiere una visión más amplia no solamente en casos graves, pues hay matices que deben ser atendidos evitando a toda costa el ir en contra de la  dignidad de las personas. De haberse aprobado la Ley Bañuelos en el Senado, Ríos Espinosa comentó que ello hubiera implicado problemas de afectación a la libertad de las personas, la ausencia de derechos humanos y detenciones arbitrarias con el mero hecho de que alguien considerara que una persona tuviera un trastorno, al grado en que la privación de su libertad fuese de manera indefinida por parte del sector salud por más de 72 horas.

Otra tarea que deja el paro a la iniciativa Bañuelos es el tema de derecho a la salud mental de personas que se encuentran institucionalizadas en centros psiquiátricos, que además es actualmente peligroso al encontrarnos en medio de la pandemia de coronavirus. Dichas personas tienen derecho a vivir e incluirse en la comunidad, además de hacerlo en favor de su salud física y mental, por lo que la reforma que se logre en algún momento debe involucrar a todos los actores, como lo es el sector salud que en ningún momento dió su opinión en relación a la Ley Bañuelos, incluso cuando estuvo a un día de colarse al periodo extraordinario en el Senado.

Como tal la Ley General de Salud sólo dedica un párrafo a la Salud Mental y el tiempo para discutir sobre estos temas ha llegado e involucra también a quienes se encuentran en los ramos de la salud, de la academia, a los expertos, a las ONG´s y a las OSC.

Conforme a éstos últimos las iniciativas de ley relacionadas a la salud mental deben contar con un proceso de consulta extensa, que evite los internamientos involuntarios, a manera de que las políticas públicas relacionadas sean basadas en derechos humanos, así como en la visión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que comparte que las personas con discapacidades psicosociales pueden recobrar el significado y el sentido de su vida a través del proceso de recuperación y no de que son enfermos con síntomas psiquiátricos que no saben qué hacer de su vida y que por eso se les va a internar y abusar de ellos.

En ese sentido, Ríos Espinosa, señaló que es la inclusión con derechos y no sólo mirada médica y biomédica de tratamiento la que puede dar un enfoque más amplio para el que se necesita tiempo y estudios de cómo se logra cambiar política pública violaciones en contra de voluntad de las personas y en la legislación de la salud mental queda pendiente la Ley de Prevención del Suicidio que promovió la senadora Mónica Fernández Balboa en septiembre de 2019. 

Gabriela Estrada Espínola es licenciada en Comunicación por la Universidad Simón Bolívar y Maestra en Periodismo sobre Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha colaborado en diversos medios y agencias de publicidad. Twitter: @GabaMaiden

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Ley de Salud Mental en México, aprobación con serias implicaciones

Con esta ley cualquier familiar podría decidir sobre el tratamiento de una persona con alguna condición de salud mental e incluso internarlo sin considerar su voluntad, señalan asociaciones civiles como “Yo También” y “Documenta”

El pasado 24 de marzo la Comisión de Salud del Senado aprobó un dictamen para crear una Ley General de Salud Mental que asociaciones civiles apuntan como violatoria de derechos humanos, al corroborar que no construye servicios  de salud mental basados en la inclusión comunitaria y el pleno respeto de derechos humanos.

Estar al tanto de este tipo de iniciativas es un tema que nos compete a todos y no sólo por ser parte de la coyuntura de la pandemia que ha desvelado (aún más) el estado deplorable tanto de la salud pública, como de la salud mental pública en México. Las asociaciones civiles «Documenta» y «Yo También» subrayaron que la toma de decisiones que hizo el Senado en relación a cómo llevar las riendas de la salud mental a través de una Ley, fue por unanimidad, sin discusión de por medio y sin ningún tipo de consulta a la sociedad civil.

La Iniciativa de Ley fue propuesta por las senadoras Alejandra León Gastélum, de Morena; Joel Badilla Peña, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna del Carmen Bañuelos y Miguel Ángel Lucero Olivas, estos seis últimos son integrantes del Partido del Trabajo (PT). Su objetivo es aprobar durante el segundo periodo extraordinario de sesiones del Congreso una iniciativa de Ley General de Salud Mental. La iniciativa ha sido liderada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos, quien a recientes fechas ha ofrecido reuniones de trabajo con organizaciones que, tras su asistencia, resumieron que sólo es una mera pantalla que intenta ocultar que la voz de defensores de derechos humanos fue ignorada al aprobar la iniciativa.

Foto: Pixabay.

Justo los defensores de derechos humanos, han insistido en que dicha legislación debe ser detenida por la gravedad de algunos de sus planteamientos, pues básicamente promueve un modelo de atención basado en una visión biomédica que invisibiliza y aísla a las personas usuarias por verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos, además de que viola derechos como el derecho a la igualdad y la no discriminación, al igual reconocimiento como persona ante la ley, los derechos a la libertad y seguridad, a la integridad personal y a brindar consentimiento informado previo a cualquier intervención.

Las personas usuarias y ex usuarias de los servicios de salud mental, colectivos y organizaciones defensoras son quienes han velado por los intereses de la ciudadanía al oponerse a la aprobación de dicha ley. Para ello, han exigido que sea detenida y, en su lugar, se escuche su propuesta de reformar la Ley General de Salud para construir servicios de salud mental basados en la inclusión comunitaria y el pleno respeto de derechos humanos.

Incluso Diana Sheinbaum Lerner, coordinadora del Programa de Discapacidad y Justicia de Documenta, comentó en entrevista para diferentes medios que su organización redactó una carta en la que buscó firmas de adhesión para parar los intentos de avance de esta ley, al considerar la continuidad que impulsa de un modelo de atención en el que las personas usuarias del sistema de salud cuentan con limitados derechos fundamentales, como lo es el decidir sobre su propio tratamiento. Sheinbaum Lerner enfatizó que con esta ley cualquier familiar podría decidir sobre el tratamiento de una persona con alguna condición de salud mental e incluso internarlo sin considerar su voluntad.

Foto: Pixabay.

Sin embargo, sí existen opciones toda vez que la misma Constitución mexicana lo avala a través del marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sin contar que también es avalada por el Estado Mexicano. Por ello, los defensores en derechos humanos al tanto de la iniciativa señalan que la iniciativa no sólo es violatoria del artículo 12 sobre la capacidad jurídica, sino también en lo relacionado al número 14, que señala que no se puede privar de la libertad a una persona por tener una discapacidad.

Cuando el internamiento no es la única alternativa terapéutica, cuestionar este tipo de iniciativas forma parte de exigir servicios adecuados y respetuosos de los derechos de quienes los necesitan. Sin embargo, en México el eje de atención de salud mental ha sido por años el del hospital psiquiátrico, que es un modelo de asilo. Diana Sheinbaum señala que la transición puede darse más allá del marco normativo, no necesariamente a través de una reforma legislativa sino en la práctica con servicios de salud mental que se integren al primer nivel de atención.

Con primer nivel de atención se hace referencia a que sin importar en qué parte o estado de la República Mexicana se viva, toda persona cuente con acceso a la salud y que en cada centro sanitario, se cuente con acceso a tratamientos y atención indicada en materia de salud mental, especialmente cuando la salud mental, no va separada de la física, hecho que la iniciativa de Ley sigue sin tomar en cuenta.

Gabriela Estrada Espínola es licenciada en Comunicación por la Universidad Simón Bolívar y Maestra en Periodismo sobre Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha colaborado en diversos medios y agencias de publicidad. Twitter: @GabaMaiden

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