«Desde hace siete años, el gobierno federal no cuenta con un registro exacto que dé a conocer claramente los modelos de protección y restitución de derechos con los que cuenta (o no) este sector de la población».
Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), subraya la importancia de que el gobierno cuente con un censo para dimensionar el problema público de la orfandad, en el que también se señalen los diferentes tipos que existen, como la derivada de los feminicidios, migraciones y/o la crisis de violencia.
«La institucionalización de la orfandad es un modelo perpetuador de abuso en la República Mexicana«, Lizbeth Brizuela, Directora de Disability Rights International.
En México, la infancia en situación de orfandad ha aumentado considerablemente debido a la pandemia por COVID-19, que, del periodo de marzo de 2020 a abril de 2021, sumó un total aproximado de 141,132 menores que quedaron desamparados ante la muerte de sus padres, abuelos, tíos o cuidadores secundarios.
Fue la investigación de la revista médica inglesa The Lancet publicada a mediados de 2021 la que llevó dicho recuento en 21 países, en el que México fue la nación con la cifra más alta de huérfanos en Latinoamérica.
A ello, se suma que el gobierno federal no cuenta con un registro, ni con un contexto exacto desde hace siete años y mucho menos con alguna herramienta oficial en materia de políticas públicas que dé a conocer de manera clara los modelos de sensibilización, atención, protección y restitución de derechos con los que cuenta (o no) este sector de la población.
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA ORFANDAD: UN MODELO PERPETUADOR DE ABUSO EN LA REPÚBLICA MEXICANA
Disability Rights International (DRI) es un organismo que se encarga de promover la inclusión de las personas con discapacidad para vivir en la comunidad y garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes de vivir con la familia. Su directora, Lizbeth Brizuela, comentó en entrevista para Sucursal Fauces, Periodismo sobre Salud Mental, que desde el año 2000 han documentado la situación de las personas que viven en instituciones psiquiátricas, casas hogar, orfanatos, albergues entre otro tipo de instituciones.
Brizuela señala que, en México, han encontrado a lo largo del tiempo abusos que se han ido perpetuando, en los que el modelo de institucionalización es realmente abusivo. Entre los más conocidos apunta a Michoacán en 2014, con el albergue “La Gran Familia” de Mamá Rosa; a la CDMX en 2015, con Casa Esperanza y en 2017, a Guanajuato, con la Ciudad de los Niños.
Tan sólo en el caso de “Mamá Rosa”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó y emitió una recomendación pública –cuatro años después del incidente- sobre las agresiones psicológicas y físicas que sufrieron al menos 536 personas, en su mayoría menores de edad, confirmando que en el albergue “La Gran Familia” varios afectados vivieron restricciones y abusos por años, en los que la privación de comida, de libertad y las agresiones sexuales eran continuos, aunado a la falta de atención médica.
CÓMO HACER DEL CUIDADO DE HUÉRFANOS UN MODELO CON ENFOQUE DE DERECHOS
Frente al impacto de la pandemia, las becas y apoyos, no significan una ayuda por parte del Estado, si no una responsabilidad mínima en la cobertura de las necesidades de la niñez en situación de orfandad, especialmente cuando los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez (BBBJ) a las niñas, niños y/o adolescentes (NNA) en situación de orfandad derivada de la COVID-19 ascienden a $800 pesos mexicanos mensuales por cada NNA en orfandad. Es decir, un equivalente a $40.10 dólares americanos por mes.
Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), subraya la importancia de que el gobierno cuente con un censo para dimensionar el problema público de la orfandad, en el que también se señalen los diferentes tipos que existen, como la derivada de los feminicidios, migraciones y/o la crisis de violencia.
Alcanzar y mantener los derechos de las infancias en situación de orfandad, no es sólo tarea del DIF, también entra la Secretaría de Educación Pública (SEP) e incluso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre otras, como el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA).
Redim señala que la crisis de estos sistemas e instituciones, no permiten que las personas puedan ser atendidas en su dimensión amplia, por lo que el cambio repentino de sus titulares refleja de inmediato una comprensión poco clara, mal respaldada y con nula voluntad política que resulta inadecuada en términos de garantía de derechos.
LA APUESTA POR EL DERECHO A VIVIR EN FAMILIA
Organizaciones como DRI y Redim no buscan que se mejoren las instituciones, ni que se pinten, sean más bonitas o que se capacite al personal, pues su manejo y experiencia sobre el tema les ha hecho confirmar que el modelo de institucionalización limita el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir con una familia.
DRI confirma que las causas de la institucionalización de las infancias en situación de orfandad a través de casas hogar, son la pobreza, la falta de servicios, alguna discapacidad y no necesariamente que se encuentren en situación de desamparo total.
Cambiar este modelo de institucionalización y crear servicios en la comunidad para las personas, promovería el derecho que tienen a vivir con la familia dentro de los diferentes tipos que existen. Incluso se considera pertinente apoyar a familias biológicas si hay un componente de pobreza o, de discapacidad para apoyar a las familias extendidas.
Sin embargo, aún hay estados que siguen construyendo instituciones, incluso cuando existen recomendaciones al Estado mexicano para que promueva otros modelos diferentes a la institucionalización. Redim, menciona que, como sociedad, hemos generado los suficientes mecanismos e instituciones para hacernos cargo de que podemos dejar de ver a esas niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad para tener la conciencia más tranquila.
Cuando el Estado y sus instituciones encargadas de proteger el presente y futuro de estas niñas, niños y adolescentes no ofrecen un mapa claro sobre los modelos de restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, el contexto general de los orfanatos en México se torna invisible en materia de: estructura, regulación, presupuesto, tratamiento, diagnóstico de riesgos y de estrategias públicas.
En resumen, a las niñas, niños y adolescentes mexicanos bajo el modelo de orfandad institucionalizada, no se les está garantizando la atención, protección ni restitución de sus derechos.
Ante los modelos de abuso que retrata la institucionalización de estos huérfanos, la construcción o transferencia a instituciones más grandes, va en contra de su derecho a vivir en comunidad y en familia, como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
DRI señala que existen espacios o centros que no están registrados, lo que pone a las infancias en cuestión bajo una situación de alta vulnerabilidad, cuya regulación es tarea del Estado, que sabe que existen, que no están dentro de la ley y de las que el DIF no tiene un censo.
El financiamiento viene de distintos lugares, familias o personas que, de manera individual, donan a las instituciones residenciales; otro punto es que hay convenios con el estado en donde se financian a estas instituciones o el estado aporta cierta cantidad a fin de que tenga bajo su tutela a las niñas, niños y adolescentes.
Igualmente existe el financiamiento internacional, justo con esta mirada asistencialista y paternalista que busca que las instituciones sigan siendo financiadas, hecho que genera diferentes fuentes de financiamiento.
En medio de una grave crisis de invisibilización aumentada por la COVID-19 durante noviembre de 2020, la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBBBJ), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, suscribieron el Convenio de Colaboración de Transferencia de Información para la Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad derivada de la pandemia causada por el virus SARS-COV2 (COVID 19).
Hasta ahora, la única referencia oficial que existe sobre la población de niños huérfanos en el país es el “Censo de Alojamientos de Asistencia Social, CAAS” del 2015, que se basó en un directorio integrado con la colaboración del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), en el que se censaron 4.7 mil millones de alojamientos de asistencia social en los 32 estados de la República mexicana.
La infancia en situación de orfandad en el país vive una crisis de censo y registro de su población, hecho que invisibiliza la manera en la que vive y, por ende, su destino.
*************************************************************************************************************************** Agradecimientos especiales a la Beca Robert L. Breen por su apoyo para formar parte de la residencia para escritores, periodistas y poetas en Under The Volcano (UTV) 2022 bajo la guía de los periodistas Ángela Kocherga y Alfredo Corchado en el taller «Periodismo de Testigo«.
El problema abordado en la Residencia UTV 2022 surgió tras una plática con Dawn Post, abogada defensora de los derechos de la infancia residente en Nueva York, Estados Unidos, quien, al compartir su experiencia, comentó que en algunos Foster Care, a los niños con TDAH los tienen encerrados y sedados, con medicamentos que suponen ser para adultos, tema que pareciera ser negocio entre farmacéuticas y centros de cuidado infantil.
Gracias a Dawn, surgió la duda de cómo podría ser el caso en México que, inicialmente y a grandes rasgos, se mostraba como un problema de falta de presupuesto, así como con de una buena cobertura y cuidados de la niñez en situación de orfandad.
Reconocimiento y gratitud a todos y cada uno de los integrantes de UTV 2022 que hicieron posible este seguimiento.
Finalmente, pero no menos importante, aprecio y agradecimientos al Programa de Mentorías desarrollado por el Centro de Comunicación Social (Cencos) a través del International Republican Institute (IRI) para hacer posible la difusión masiva de esta investigación.
Gabriela Estrada Espínola es licenciada en Comunicación por la Universidad Simón Bolívar y Maestra en Periodismo sobre Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Ha colaborado en diversos medios y agencias de publicidad. Twitter: @GabaMaiden
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